La difícil situación que trae aparejada la crisis de las potencias para los países en vía de desarrollo se siente cada vez más fuerte en Colombia: las remesas de los emigrantes disminuyen en picada (algunos están regresando); las compras de nuestros productos en el extranjero decrecen o se cumplen a precios significativamente inferiores; frenan la construcción, la venta de vehículos y el expendio de electrodomésticos; los bienes y servicios suntuarios registran a la baja, y se palpa, sobre todo, un ambiente sicológico de temprana pesadumbre y expectativa que aunado a la congelación de las inversiones traerá consecuencias aún no claras en los plazos medio y distante.
De cara a este escenario los gerentes de las unidades productivas y, en general, los consumidores adelantan programas agresivos de organización o racionalización de erogaciones. Por esta vía, revisan los rubros de gastos y costos en donde se halla el ítem de vigilancia.
Paralelamente, como es sabido, los indicadores nos revelan que el desempleo crece y que la inseguridad lo acompaña en una curva rampante que tiene en ascuas a las autoridades en tanto percepción y victimización van de la mano.
Las páginas judiciales nos revelan que los antisociales son cada día más osados; que sus acciones, sofisticadas y oportunistas como nunca, se apoyan en la tecnología de vanguardia, y que los ciudadanos de bien se quedan a la zaga en la protección de sus intereses.
Entonces, es oportuno hacer un alto y preguntarnos si en la presente coyuntura constreñir los esquemas de protección para disminuir gastos y costos es decisión inteligente o si, por el contrario, al hacerlo se perjudica el bienestar de las personas y la indemnidad de los bienes por mayor exposición al riesgo.
La decisión final está en las manos de los responsables del sector consumidor de vigilancia. Ellos deben sopesar pros y contras en un ejercicio complejo que demanda objetividad y sindéresis, y que no puede basarse en suposiciones o consejas.
Bástenos afirmar que no es sensato bajar las defensas cuando las amenazas son grandes.
Nuestra conclusión práctica es que debe fortalecerse o al menos mantenerse el esquema de protección establecido por y para cada cliente y que el capítulo que se refiere a vigilancia no debe alterarse nada más por pesimismo.
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